La Energía es del Pueblo

POR LA RENACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Pago urgen a los gobiernos de los países a llevar a cabo reformas estructurales, principalmente eliminar las leyes de protección al empleo y eliminar las restricciones de adquisiciones a las empresas extranjeras, para mantener el predominio del capitalismo en el mundo.

Las reformas estructurales (laboral, educativa, financiera, energética y hacendaria) promovidas por Enrique Peña Nieto (PRI) se apegan a esas recomendaciones.

La propuesta de Reforma Energética del gobierno Federal, apoyada por el PRI, PAN y los grandes empresarios nacionales y extranjeros, pretende privatizar totalmente a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El PRD, MORENA y Cuauhtémoc Cárdenas pretenden mantener el estado actual de PEMEX y CFE, con pequeñas modificaciones, tales como otorgar autonomía financiera a PEMEX, eliminar la corrupción e incluso excluir a los trabajadores del Consejo de Administración de PEMEX.

Al debate debemos incorporar la postura de los trabajadores asalariados: renacionalización de la industria energética para asegurar los derechos y servicios del pueblo trabajador, entendido como los trabajadores asalariados, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, estudiantes e intelectuales progresistas.

¿Por qué es necesario renacionalizar la industria energética? Actualmente están privatizados ilegalmente grandes sectores de PEMEX y CFE: Hoy empresas privadas generan más del 50% de la energía eléctrica total que se consume en el país. Dos grandes trasnacionales extranjeras, Schlumberger (9 mil 752 millones 549 mil 020.91 pesos) y Halliburton (11 mil 811 millones 652 mil 480.83 pesos), se apropian de gran parte del presupuesto que maneja PEMEX.

Las luchas de los trabajadores petroleros para conquistar derechos laborales (huelgas de 1937 y 1938), fueron la fuerza que logró la expropiación del petróleo.

Las cosas no deben permanecer como están, es necesario anular la privatización fraudulenta de empresas paraestatales sin indemnización, emprender una nueva batalla como la de los valerosos obreros petroleros de 1937 y 1938 para renacionalizar nuestra industria energética.

Convocamos a los sindicatos, organizaciones campesinas, sociales y políticas, a individuos e intelectuales progresistas a formar la coordinadora nacional/estatal contra de las reformas estructurales y por la soberanía popular.

Es necesario luchar contra la privatización de la industria energética, pero no es suficiente. Se requiere instaurar un nuevo Estado democrático popular para asegurar el bienestar del pueblo trabajador.

EJES PARA RENACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA PARA ASEGURAR LOS DERECHOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL PUEBLO TRABAJADOR:

1. Destinar la Renta petrolera para asegurar los derechos y servicios públicos del pueblo trabajador.

2. Asegurar el derecho a la democracia y autonomía sindical, y defender los derechos laborales. Indispensable para defender la soberanía popular.

3. Renacionalizar la industria energética (Pemex y CFE). Anular la privatización fraudulenta de empresas paraestatales sin indemnización y de actividades exclusivas del estado mexicano.

4. Establecer una administración y contraloría democrática popular de la política energética para satisfacer las necesidades energéticas del país y garantizar los derechos y servicios públicos de las generaciones presentes y futuras del pueblo trabajador.

5. Incrementar la inversión de PEMEX y CFE para crear la infraestructura e industria nacional para satisfacer las necesidades energéticas del país y asegurar los derechos y servicios públicos del pueblo trabajador.

6. Fortalecer el Instituto Mexicano del Petróleo para generar la innovación tecnológica necesaria para el desarrollo de la industria energética, así como el fortalecimiento de las universidades públicas para generar los cuadros técnicos que requiere la industria energética. Establecer convenios de colaboración con instituciones educativas y centros de investigación y empresas internacionales para la transferencia de conocimientos y tecnología.

7. Implementar un régimen fiscal que permita a PEMEX y CFE reinvertir los recursos necesarios para mantener e innovar la industria, a la par que genera mayores recursos para solventar las necesidades del pueblo trabajador y asegurar sus derechos. Eliminar todos los privilegios fiscales a los grandes empresarios. Cobrar impuestos a las grandes empresas, actualmente PEMEX subsidia los impuestos no pagados por los grandes empresarios.

8. Sancionar severamente a funcionarios públicos, personas y empresarios involucrados en el desvío de fondos públicos y actos de corrupción.

9. Impulsar la formación de una coordinadora nacional/estatal en contra de las reformas estructurales.

10. Instaurar un nuevo Estado que defienda los intereses del pueblo trabajador, asegure sus derechos y bienestar.

JUSTIFICACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS EJES PARA RENACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA PARA ASEGURAR LOS DERECHOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL PUEBLO TRABAJADOR.

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Pago (BIS) son organizaciones internacionales dedicadas a diseñar estrategias para asegurar el predominio del capitalismo en el mundo. Recientemente estos organismos han reconocido que la economía mundial, mantiene un crecimiento mediocre, manifiestan sus temores de una “nueva” crisis, y urgen a los países a llevar a cabo reformas estructurales, principalmente eliminando “barreras en los mercados de trabajo y de productos”

En el ámbito del mercado de productos sugieren eliminar: “controles de precios, exenciones de las normativas de defensa de la competencia en el caso de empresas públicas, barreras de entrada en servicios como el comercio minorista y los servicios profesionales, o restricciones a las adquisiciones por entidades extranjeras”[1].

En el ámbito del mercado laboral se sugiere eliminar leyes de protección al empleo, ya que “una mayor protección del empleo reduce el crecimiento de la productividad al frenar a las empresas que operan en un entorno de cambio tecnológico”¹. Y afirman que “Las reformas de los mercados de trabajo podrían generar beneficios aún mayores que los derivados de la liberalización de los mercados de productos”¹.

Las reformas estructurales (laboral, educativa, financiera, energética y hacendaria) promovidas por Enrique Peña Nieto (PRI) están alienadas a las recomendaciones del Banco Mundial, FMI y Banco Internacional de Pagos. El objetivo central de las reformas es asegurar el predominio del capitalismo en México, es decir, salvaguardar los intereses de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, es decir, asegurar la obtención de ganancia, a costa de los derechos de los trabajadores asalariados y pueblo en general.

La propuesta de Reforma Energética del gobierno Federal ha desatado un debate nacional, PRI, PAN y los grandes empresarios nacionales y extranjeros están a favor de privatizar PEMEX, en tanto, PRD, MORENA y Cuauhtémoc Cárdenas están por mantener el estado actual de las cosas con pequeñas modificaciones como otorgar autonomía financiera a PEMEX, eliminar la corrupción e incluso excluir a los trabajadores del Consejo de Administración de la Petrolera.

Al debate debemos incorporar la postura de los trabajadores asalariados. Para el Movimiento de Izquierda Revolucionaria es el momento de comenzar la batalla por la renacionalización de la industria energética para asegurar los derechos y servicios del pueblo trabajador, entendido como los trabajadores asalariados, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, estudiantes e intelectuales progresistas.

Las luchas de los trabajadores petroleros para conquistar derechos laborales (huelgas de 1937 y 1938), motivaron e impulsaron la expropiación del petróleo. Se omite también el hecho de que, una vez decretada la expropiación del petróleo, los trabajadores petroleros unidos con amplios sectores del pueblo lucharon para consumarla. La nacionalización del petróleo tuvo como objetivo utilizar la riqueza generada por la industria petroquímica para asegurar los derechos consagrados en la Constitución: derecho al trabajo, servicios médicos, educación, etc., conquistados por amplios sectores populares durante la Revolución Mexicana.

Hoy como ayer, será la lucha de los trabajadores asalariados, especialmente de petroleros y electricistas, en unión con los sectores populares, lo que permita renacionalizar la industria energética.

¿Por qué es necesario renacionalizar la industria energética?

En la actualidad PEMEX y CFE celebran ilegalmente contratos con empresas privadas. El caso de CFE es alarmante, hasta el cierre del primer bimestre de 2012, los Productores Independientes de Energía (PIE) poseían permisos para generar más del 50 por ciento de la energía total que se consume en el país, en sus diversas modalidades. Para el 29 de febrero de 2012 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) había otorgado 670 permisos para PIEs, permitiendo les generar hasta 28 mil 978 megavatios (MW), monto que equivale al 55 por ciento de la energía total producida por la CFE en 2011, que ascendió a 52 mil 511 MW.

En el caso de Pemex, el capital privado también se encuentra presente en distintas áreas de la empresa, la cual, subcontrata una extensa variedad de proveedores para satisfacer servicios de perforación, ingeniería y construcción. Un caso emblemático es el área de Pemex Exploración y Producción, en donde la gran mayoría de los contratos son para dos grandes trasnacionales de servicios complementarios de la industria petrolera: Schlumberger y Halliburton. Estas dos empresas se apropian de gran parte del presupuesto que se maneja en la industria petrolera, no sólo de México, sino a nivel mundial. Por ejemplo, han logrado monopolizar los servicios de toma e interpretación de los registros geofísicos, actividad que anteriormente realizaba Pemex, quien incluso podía presumir de sus especialistas Geofísicos.

En el área de PEMEX exploración y Producción y la Subdirección de Servicios a Proyecto, donde según el reporte también han realizado servicios de registros geofísicos, de acuerdo a información oficial, entre los años 2008 y 2012, la empresa Halliburton facturó 9 mil 752 millones 549 mil 020.91 pesos, y la empresa Schlumberger facturó 11 mil 811 millones 652 mil 480.83 pesos.

Así pues, mientras Pemex sigue despreciando y desechando al personal especializado, las trasnacionales los siguen aprovechando y ejerciendo miles de millones de pesos, pues sólo estas dos firmas en el tiempo referido han ejercido un presupuesto total de 21 mil 564 millones 201 mil 501.74 pesos. Dinero que pudo utilizarse en brindar servicios a la población, por ejemplo, a cubrir el presupuesto anual de la UNAM para 332,935 estudiantes de nivel superior[2], la Secretaria de Educación este año ejercerá $ 260 mil 277 millones 219 mil 671 pesos. En el caso de la Secretaria de Salud su presupuesto para este 2013 es de 121 mil 856 millones 567 mil 399 pesos. Y finalmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ejercerá 25 mil 245 millones 962 mil 047 pesos. Es decir, estas dos empresas multinacionales se llevaron lo equivalente a casi un 10% de lo ejercido en educación, un 18% de lo ejercido en salud o un 86% empleado en la ciencia y la tecnología.

Estos datos muestran que grandes sectores de PEMEX y CFE se encuentran ya privatizados a favor del capital trasnacional. La reforma energética del gobierno federal lo que pretende es legalizar las privatizaciones fraudulentas del sector energético, así como abrir otros espacios de las paraestatales en los que hasta el momento no se han podido introducir el capital nacional y trasnacional.

Por esto, las cosas no deben permanecer como están, es necesario anular sin indemnización la privatización fraudulenta de empresas paraestatales, emprender una nueva batalla como la de los valerosos obreros petroleros de 1937 y 1938 para renacionalizar nuestra industria energética.

EJES PARA RENACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA:

1. La Renta petrolera para asegurar los derechos y servicios públicos para las y los trabajadores.

En las últimas décadas, grandes empresas nacionales y extranjeras fraudulentamente participan en la industria energética, se apropian de la riqueza energética del país. Los gobiernos del PRI y del PAN han facilitado ilegalmente la inversión de empresas privadas en la industria energética. En ocasiones las empresas privadas sobornan y/o amenazan a funcionarios públicos y líderes sindicales para obtener invertir en el sector energético.

La renacionalización de la industria energética, significa que la riqueza petrolera será destinada para asegurar que todo hombre o mujer cuente con un trabajo digno, con un salario justo y el derecho a una jubilación. También debe garantizar servicios de salud, vivienda digna y educación para sus hijos. Actualmente PEMEX aporta al presupuesto público 1,269,200,000,000.⁰⁰ de pesos. PEMEX aporta el 40% del presupuesto público, por ejemplo, contribuye con el 40% del presupuesto para Secretaria de Educación ($104 mil110 millones 887 mil 868.40 pesos), la Secretaria de Salud (48 mil 742 millones 626 mil 959.60 pesos) el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (10 mil 098millones 384 mil 818.80 pesos).

La renacionalización de la industria energética al servicio de los trabajadores, significa que los ingresos de PEMEX, se utilicen para recuperar o reconstruir con control obrero las empresas estratégicas privatizadas por Salinas de Gortari y sus sucesores: ferrocarriles, líneas aéreas, telecomunicaciones, minería, siderurgia, industria alimentaria, tecnología de la información, etc.

En conclusión, el MIR plantea que la industria petrolera debe ser palanca para recuperar la rectoría del Estado en la economía nacional con contraloría obrera y popular. Se debe establecer un desarrollo económico que privilegie el mercado interno sobre el mercado externo y diversificar este último. Debemos aspirar a que en el corto plazo una nueva redistribución de la riqueza, que asegurare a los trabajadores por lo menos el 50% del Producto Interno Bruto (PIB), que hoy se distribuyen en su mayoría las cúpulas empresariales y la oligarquía financiera (banqueros-industriales).

2. Asegurar el derecho a la democracia y autonomía sindical, y defender los derechos laborales obtenidos por los trabajadores asalariados. Indispensable para defender la soberanía popular.

Los grandes empresarios nacionales y extranjeros reconocen que las huelgas obreras de 1937 y 1938 motivaron e impulsaron la expropiación petrolera, los empresarios temen a la organización de los trabajadores asalariados porque saben es la única fuerza capaz derrotarlos. Por eso, los grandes empresarios impiden la organización de los trabajadores, destruyen sus sindicatos, o bien, sobornar a los líderes sindicales para que desistan en la defensa de los intereses de los trabajadores asalariados, y así rendirse a los intereses de los grandes empresarios. El Estado y los grandes empresarios han impuesto leyes que obstaculizan el derecho de libre asociación de los trabajadores asalariados, así como, condicionan su democracia interna y limitan su derecho a huelga.

Es por lo tanto imperioso exigir el respeto a las organizaciones de trabajadores que, a pesar de sus dirigentes, exigen una verdadera democracia y autonomía sindical, y que pugnan por una organización que represente los intereses de los trabajadores. Además es necesario quitar las trabas burocráticas que restringen la posibilidad de los trabajadores de crear nuevas organizaciones y luchar por mejoras laborales.

Por estos motivos proponemos la modificación o derogación (según sea el caso) de las fracciones XVI, XVIII, XIX, XX, del artículo 123º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; mismo caso para los artículos 361, 363, 364, 364 Bis, 365, 365 Bis, 366, 367, 368, 371, 377, 383, 384, 385 del Título Séptimo, de la Ley Federal del Trabajo, además de los artículos 443, 444, 445, 446, 450, 451, 459, del Título Octavo de la citada ley, debido a que violentan (parcial o totalmente) el artículo Noveno de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito…”

Conquistar y fortalecer la democracia interna de los sindicatos es una condición indispensable para defender los legítimos intereses de los trabajadores asalariados, y así sostener posiciones políticas independiente y autónoma del Estado y de los grandes empresarios.

Bajo argumentos como, la “opulencia” de los Contratos Colectivos de Trabajo y de las jugosas prestaciones que gozan los obreros petroleros y electricistas, se pretende culpar a los trabajadores sindicalizados de las condiciones de la industria energética nacional. Así pues la alta burocracia gubernamental y la cúpula empresarial que pretenden hincarle el diente a las últimas empresas mexicanas, ven con malos ojos la organización laboral que, a pesar de que se han vuelto serviles a los intereses de la patronal, con la complicidad de las dirigencias sindicales, siguen siendo un espacio de lucha y organización desde el cual se pueden ver afectados sus intereses. Por estos motivos, piden la desaparición del sindicato como medida medular para la “modernización” de la industria energética y la eliminación de las conquistas históricas plasmadas en los Contratos Colectivos de Trabajo. En abril de 2013, Mario Beauregard, director de Finanzas de PEMEX, aseguró que se le propondría al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ajustar el sistema de las pensiones.

3. Renacionalizar la industria energética (Pemex y CFE). Anular sin indemnización la privatización fraudulenta de empresas paraestatales y de actividades exclusivas del estado mexicano.

Industria Petrolera

Desde 1982, y en los últimos cinco sexenios se ha venido privatizado las operaciones de PEMEX. Por ejemplo, en lo concerniente a la rama de Pemex- Exploración y Producción, para el año 2013 PEMEX ya no era dueña de 47 plataformas que operan en los yacimientos petroleros ubicados en los estados sureños de Campeche y Tabasco.

Estas privatizaciones se dan por vía de contratos de arrendamiento y servicios, ya que han permitido que Pemex Exploración y Producción (PEP), ceda el control al sector privado de 47 plataformas ubicadas en el Golfo de México.

Los esquemas de contratación que veladamente privatizan el sector también han permitido que, de los 257 equipos de perforación de pozos que operan en los yacimientos petroleros de México, 155 sean propiedad de trasnacionales, es decir que el 60.3 por ciento de las operaciones de perforación son realizados por empresas privadas extranjeras.

No solo han sido privatizadas las plataformas y las operaciones de perforación, sino que desde mediados del año de 2007, Pemex Exploración y Producción también privatizó el sistema nacional de ductos como resultado de la licitación para la operación y mantenimiento. En total 66 ductos están privatizados y se encuentran ubicados en Veracruz y Tabasco.

A esto se le suma la privatización del transporte marítimo de hidrocarburos, ya que desde abril de 2007 el Consejo de Administración de la subsidiaria autorizó la adquisición de 10 embarcaciones por arrendamiento financiero y el arrendamiento puro, de hasta nueve embarcaciones más. En este sentido la estrategia para renovar la flotilla del transporte marítimo abandono el esquema en el cual las embarcaciones eran propiedad del Estado y los sustituyo por medio de unidades rentadas.

En síntesis, la privatización de la industria petrolera ha sido velada por medio de estrategias de arrendamientos, contratos de servicios, de servicios múltiples, integrales y subrogaciones que han desmantelan la paraestatal.

Es por ello que no basta con detener la reforma energética que profundiza las privatizaciones de la industria petrolera, es necesaria su re-nacionalización y la socialización de sus ganancias.

Industria eléctrica.

En 18 años los llamados Productores Independientes de Energía (PIES) acapararon más del 50% de la generación de energía eléctrica del país, sin embargo, el mayor problema es que la parte que ellos atienden es la de las mayores tarifas, con lo que dejan a la Comisión Federal de Electricidad la producción para abastecer a los consumidores con tarifas subsidiadas y los que eventualmente también incurren más frecuentemente en falta de pago, lo cual se traduce automáticamente en cuantiosas pérdidas para la paraestatal.

En el pasado, cuando solamente la CFE generaba energía eléctrica los subsidios que otorgaba la paraestatal a los consumidores particulares con menores demandas (los hogares populares e incluso rurales) se compensaban con las tarifas que les cobraban a las empresas (comerciales, de servicios e industriales) en las zonas urbanas, eso se traducía en utilidades para la CFE.

La realidad es que tras las cuatro posibilidades que abrió la legislación en 1994 se esconden muchas simulaciones, ya que se han establecido un buen número de empresas transnacionales que son las que producen la energía eléctrica y bajo diversas figuras mercantiles alegan que se trata de autogeneración o cogeneración, con lo cual burlan las limitaciones que hoy establece la legislación en la materia.

El martes 2 de abril de 2013 el diario capitalino Reforma publicó en su sección de negocios que en los últimos siete años (2005 a 2012) "la generación bruta de los Productores Independientes de Energía aumentó un 79 por ciento, mientras que la generación bruta de la CFE subió apenas un 4 por ciento".

Y en el mismo periodo, de acuerdo a la misma información, la utilidad de operación neta de la CFE pasó de 4 mil 835 millones de pesos de ganancia en el 2005 a una pérdida de 4 mil 682 millones en los primeros 8 meses de 2012. Es decir, en los mismos siete años en los que la generación de energía eléctrica por parte de particulares creció cinco veces más que la de la compañía estatal, las ganancias se transformaron en pérdidas. Pero quizá habría que decir con más precisión: la CFE le transfirió sus utilidades a las empresas transnacionales, que seguramente no se conformaron simplemente con éstas, sino que las incrementaron.

La realidad es que una buena parte de las empresas mexicanas, ni siquiera tienen que realizar las inversiones para producir la energía eléctrica que consumen, pues lo que hacen realmente es firmar contratos de largo plazo de consumo de energía eléctrica con las transnacionales (muchas de ellas españolas: IBEDROLA, UNIÓN FENOSA y GAS NATURA, solo para mencionar algunas) que son las que realizan la inversión y producen la energía. Desde luego, estas transnacionales obtienen jugosas utilidades en dichas operaciones, como se refleja claramente en su creciente penetración en el mercado mexicano.

El petróleo y la riqueza que se genera a partir de él (renta petrolera) son propiedad del pueblo mexicano.

El pueblo mexicano debe administrar la exploración, extracción y refinación el petróleo que generen los productos y la riqueza necesaria para satisfacer las necesidades (alimentos, vestido, vivienda, etc.), suministrar servicios públicos (telefonía, internet, transporte público, deporte, recreación, etc.) y asegurar sus derechos (trabajo digno y socialmente útil, prestaciones laborales, pensiones, educación, servicio médico, agua, libertad de expresión, etc.).

La administración y contraloría democrática y popular de la renta petrolera, se logra a través de tres mecanismos: 1) el control obrero de los procesos de exploración, explotación y refinación del petróleo; 2) la determinación de la política petrolera a través de un Consejo Democrático y Popular, integrado por auténticos representantes de todos los sectores: trabajadores asalariados, campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, jóvenes, intelectuales progresistas, etc.; y 3) verificar el cumplimiento de la política petrolera a través de una Contraloría Social integradas por representantes de todos los sectores populares. La autonomía y democracia interna de sindicatos y organizaciones sociales son un requisito indispensable para el éxito de estas medidas.

Desde hace 30 años, PEMEX ha sido desmantelada poco a poco. De las cuatro grandes ramas en que se divide Petróleos Mexicanos: a) Pemex- Petroquímica; b) Pemex-Refinación; c) Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y, d) Pemex- Exploración y Producción,

Prácticamente han sido desmanteladas las ramas de Pemex-Petroquímica, Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Pemex-Refinación pues para el año 2013, apenas si se invirtió el 2.0%, 2.0% y 17%, respectivamente, en estas áreas.

Un ejemplo de este desmantelamiento es que México, pese a ser un país con fuerte recursos petroleros, no produce su propia gasolina, pues los gobiernos se han aliado con las empresas privadas para que, mediante el desmantelamiento de Pemex, sean las empresas transnacionales quienes se apropian del proceso y la riqueza generada. Se estima que el sistema de refinerías de México, opera a menos del 50 por ciento de su capacidad.

El desmantelamiento de la rama de petroquímica y refinería ha provocado que México sea un país importador de gasolina, irónicamente, le compramos gasolina a las empresas norteamericanas a las que les vendemos petróleo para que sea refinado. Tan solo en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) México gastó en la compra de gasolina del extranjero un total de 110 mil millones de dólares, los especialistas estiman que con este monto bien se podría construir una refinería en el país, para ser más soberanos en términos energéticos.

Es increíble que Pemex gastó en todo el año de 2012, 28 mil 321 millones de dólares en la compra al extranjero de gasolina para cubrir su demanda interna. Estas compras las realizó a 22 compañías extranjeras, entre productoras e intermediarias. Entre ellas, destacan las norteamericanas: Citgo Petroleum Coorporation, Shell Oil Company, Exxon Mobil Oil Company, Western Refining Company, Deer Park Texas, las mismas que se encuentran interesadas en invertir en la extracción de crudo del país, y las mismas que están presionando para que se realice la reforma energética.

Por si esto fuera poco, se sabe que Pemex vende el petróleo crudo a estas mismas empresas a un precio bajo y les compra la gasolina a un precio muy elevado. Por ejemplo, todo el año de 2007, Pemex le vendió a Deer Park el barril de crudo a 20 dólares, 40 dólares por debajo de su precio verdadero, pero le compra a esa misma trasnacional el barril de gasolina a 74 dólares. Esto generó que en tres años México perdiera 51 mil millones de dólares, en la venta de petróleo barato y la compra de gasolina cara.

La reforma propuesta por los Priistas y Panistas, profundiza el desmantelamiento de la industria petroquímica y de refinación, y por tanto profundiza la dependencia energética del país al extranjero. Por ello, no basta con detener la reforma impulsada por los partidos lacayos de las empresas extranjeras, sino que es necesario reconstruir la industria petrolera invirtiendo más de los enormes ingresos que percibe Pemex. Solo el desarrollo de una industria petrolera fuerte garantizará nuestra soberanía popular y nacional.

“México no cuenta con la tecnología para extraer petróleo en aguas profundas” es un argumento empleado constantemente para justificar la privatización de PEMEX. Pareciera que los mexicanos somos unos brutos, incapaces de innovar tecnológicamente. Totalmente falso.

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) fue creado para desarrollar la tecnología necesaria para la explotación petrolera. La UNAM abrió la carrera denominada “Ingeniería Petrolera” diseñada para formar profesionistas que desarrollen los conocimientos que le permiten llevar a cabo, con excelencia técnica, la programación, la ejecución y la dirección de los procesos de explotación de hidrocarburos, de agua y de energía geotérmica, a fin de redituar beneficios económicos al país y prever los posibles daños ecológicos al medio ambiente. ¿Qué ocurrió? Los gobiernos priistas y panistas socavaron las capacidades del IMP, provocando una operación deficiente, mecanismo empleado constantemente para desmantelar las empresas de propiedad público ¿Con qué propósito? Justificar la introducción de empresas privadas.

Hoy es necesario fortalecer, restaurar y renovar las capacidades y alcance del IMP. Contamos con los recursos económicos para ello, pero debemos sustituir la administración empresarial de PEMEX, por una administración democrática y popular.

Es necesario fortalecer presupuestariamente a las universidades públicas con la finalidad de generar los cuadros científicos y técnicos que requiere la industria energética y el país.

En la actualidad México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que menos invierte en investigación y desarrollo, ya que canaliza apenas 0.47 por ciento del PIB. Situación que contrasta con países como Finlandia, quien destina 3.96 por ciento o Japón y Estados Unidos quienes destinan 3.44 por ciento y 2.79 por ciento respectivamente. Así pues el gobierno gasta en ciencia, investigación, desarrollo e innovación alrededor de 60 mil millones de pesos, cifra que lo coloca por debajo de países como Israel, Suecia y Corea del Sur que canalizan entre 4 y 5% del PIB.

El mismo fenómeno se presenta en la educación, a la cual, en todos sus niveles, el gobierno mexicano debería destinar por lo menos el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y no llegamos ni siquiera al 4 por ciento.

Es por esto necesario mínimamente destinar el 8 por ciento del PIB a educación y el 1 por ciento a la ciencia y tecnología.

Además se deben de crear las condiciones y signar los acuerdos necesarios que permitan intercambiar y transferir los conocimientos tecnológicos más innovadores, con otros países y/o empresas extranjeras, sin que esto violente la soberanía nacional o supedite los intereses del pueblo mexicano a los intereses de extranjeros.

7. Implementar un régimen fiscal que permita a PEMEX y CFE la reinversión a la par de la obtención de mayores recursos para solventar las necesidades del pueblo. Eliminar todos los privilegios fiscales a los empresarios. Cobrar impuestos a las grandes empresas, actualmente PEMEX subsidia el monto no pagado de los grandes empresarios.

El régimen fiscal de PEMEX debe asegurar que la renta petrolera se distribuya de manera equilibrada que permita mantener la inversión necesaria para mantener la producción petrolera, así como la innovación tecnológica, y transferir el resto de la renta petrolera para satisfacer las necesidades, suministrar los servicios públicos y asegurar los derechos del pueblo.

Simultáneamente se deben cancelar todos los privilegios fiscales a los empresarios e incrementar la tasa impositiva a los empresarios. Recordemos que durante el ejercicio fiscal de 2013 los empresarios dejarán de pagar impuestos por 643,419 millones de pesos. El 11 de mayo de 2013 el SAT condonó 3 mil millones de pesos de impuestos a TELEVISA.

La paradoja es que en México, mientras las empresas producen entre el 55 y 60% del ingreso nacional, su contribución de ISR es apenas 2.65%; en cambio los asalariados, que aportan el 25 por ciento del ingreso nacional, contribuyen con 2.20%. Basta mencionar que un asalariado de ingreso medio contribuye con 20% de su ingreso total en impuestos, en tanto que las grandes empresas lo hacen en un promedio de 3% de sus utilidades, lo cual es altamente inequitativo.

Eliminar privilegios fiscales a los grandes empresarios:

· Gravar los ingresos generados de las ventas de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

· Eliminar por completo el régimen fiscal de consolidación.

· Eliminar la depreciación acelerada de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

· Eliminar los regímenes fiscales preferenciales y exenciones fiscales para las grandes empresas.

¿En qué consiste el régimen fiscal de consolidación?

Un grupo de empresarios con intereses comunes puede determinar y pagar el impuesto sobre la renta (ISR) corporativo como una sola empresa. El régimen de consolidación fiscal permite el diferimiento del pago del ISR hasta por 10 años. Mediante este mecanismo se pretende: 1) Atraer a empresarios extranjeros para que inviertan en México; 2) Los empresarios podrán invertir los impuestos no pagados en la compra de mercancías y materias primas, o invertirlo en otras empresas; y 3) Los empresarios podrán invertir los impuestos no pagados en forma de capital e incrementar sus ganancias.

¿En qué consiste la depreciación acelerada de la Ley del Impuesto sobre la Renta?

La ley del impuesto sobre la renta establece un factor que permite depreciar anualmente el valor de los activos de la empresa, al disminuir el valor de los activos, disminuye el importe de los impuestos que debe pagar.

¿En qué consisten los regímenes fiscales preferenciales y exenciones fiscales para las grandes empresas?

Cualquier mecanismo que permita a los empresarios reducir el importe de los impuestos que debe pagar, tales como el secreto fiscal (se considera información confidencial las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes), créditos fiscales (mecanismo que permite postergar indefinidamente el pago de impuestos), condonaciones, estímulos y deducciones

8. Sancionar severamente a funcionarios públicos y personas involucradas en el desvío de fondos públicos y actos de corrupción.

Las grandes empresas trasnacionales y algunas grandes empresas nacionales sobornan a funcionarios públicos y líderes sindicales para apropiarse de la riqueza petrolera, y participar ilegalmente en la industria energética. A través del soborno, el gobierno les otorga fraudulentamente contratos de adquisición, servicios y obra pública. ¡Sí! los empresarios son los principales promotores de la corrupción. A través de la corrupción los grandes empresarios obtienen jugosas ganancias.

En los actos de corrupción existe una parte compradora (los empresarios) que adquieren las influencias de la parte vendedora (funcionarios públicos o líderes sindicales charros). En el caso de PEMEX, se tiene noción de una serie de irregularidades y actos de corrupción por parte no sólo de funcionarios públicos, si no también, de las cúpulas sindicales, empresarios y personas involucradas en contratos sobrepreciados, y manipulación de procesos de licitación y contrato de servicios, adquisiciones y obra pública.

Ejemplos de esto, se han publicado por cientos en la prensa nacional:

· En 2010, durante la campaña electoral, Rogelio Montemayor, exdirector de Pemex, y los dirigentes sindicales Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, desviaron 1,500 millones de pesos de PEMEX al PRI.

· En 2004 la empresa texana Pride Drilling (con la complicidad de su asesor Reyes Heroles quien fuera ex director general de PEMEX), que pagó sobornos con montos de entre 10mil y 15mil dólares a funcionarios de Aduanas para acelerar y cumplir contratos con PEMEX para el ingreso de maquinaria para perforación profunda (dado a conocer por la Comisión de Valores de Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés). En 2008, uno de los principales accionistas de la empresa texana Pride Drilling, denunció que dicha empresa pagó sobornos por más de 2 millones de dólares en más de ocho países, incluyendo México.

· En el año 2006 14 funcionarios de Pemex firmaron contratos sobrepreciados con la Arrendadora Ocean Mexicana y al Grupo TMM por el arrendamiento de cuatro buques tanques que fueron usados por PEMEX, por lo que fueron acreedores de una multa de 5 mil 134 millones de pesos en 2010 y 10 años sin poder ejercer ningún cargo público, multa que a la fecha no se ha cubierto.

· En octubre de 2010, la CFE interpuso denuncias penales en contra de una subsidiaria de la firma ABB y de Lindsey Manufacturing por presuntos sobornos a funcionarios de la paraestatal a cambio de obtener contratos millonarios. El soborno ocasionó un fraude en la CFE por 1,320 millones de pesos. El ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Moreno Díaz, fue reaprehendido por el delito de enriquecimiento ilícito por más de 33 millones de pesos.

· En 2010 El expediente 0034/2009 que la SFP abrió en contra de la empresa de Francisco Colorado por el contrato de Nanchital concluye que proporcionó “información falsa en la ejecución del contrato SDSE-OPU81-162/2004” y defraudó a Pemex por 177 millones 066 mil 083 pesos; la inhabilitó del 5 de enero de 2010 al 5 de enero de 2012, pero la compañía obtuvo un amparo por parte del Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa en el Distrito Federal y la posterior suspensión a la disposición de la SFP (juicio de amparo I-5/2010), de manera que puede seguir obteniendo contratos petroleros. De hecho, los más cuantiosos los obtuvo mientras estaba bajo investigación de la SFP: los derivados de las licitaciones 18575008-004-09, por 78 millones 162 mil 716 pesos; 18575008-023-08, por 69 millones 199 mil 994 pesos; 18575008-047-07, por 10 millones; 18575008-048-07, por 18 millones. Semanas antes de que la SFP concluyera que ADT Petroservicios defraudó a Pemex en Nanchital, la paraestatal le adjudicó una de las licitaciones más importantes de ese año: la 18575051-045-08, por 1 mil 396 millones de pesos. Hoy la compañía se promueve como “Empresa Socialmente Responsable”.

· En el año 2012 el empresario Francisco ‘Pancho’ Colorado sobornó a un subdirector de Petróleos Mexicanos con 5 millones de dólares a cambio de que le entregara un contrato de la paraestatal a su empresa, ADT Petroservicios.

· El 7 de mayo de 2012, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, informó que el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, ocultó pérdidas por 398 mil 564 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal de 2009, a través de manipulaciones contable, se advierte como uno de los fraudes más cuantiosos en detrimento de las finanzas de PEMEX, 796 veces mayor al llamado PEMEXGATE.

Además de otros fenómenos como los que comprenden el mercado negro de los refinados, en el que participa el crimen organizado a través del robo de gasolina, diésel, lubricantes, turbosina y gasavión, producidos por Pemex Refinación. De “ordeño de ductos”, solamente entre enero y abril de 2012 se identificaron 503 tomas clandestinas: 383 en los poliductos de refinación, 79 en oleoductos, 24 en instalaciones de exploración y producción, 17 en PemexGas y petroquímica básica. De éstas 383 tomas en poliductos, se ordeñaron de gasolina y diesel un aproximado de 859 mil 417 barriles mientras que de los oleoductos se extrajo una “cantidad desconocida” de petróleo crudo, en el mismo periodo de tiempo. A esto se le suma el contrabando de materias primas que se utilizan para adulterarlos y multiplicar su volumen, y posteriormente venderlos en las estaciones de servicio “piratas” o expendios de comercialización de “proveedores genéricos” de PEMEX que reportan ganancias de hasta 50 mil millones de dólares anuales (contralínea 2012).

A través de sobornos y desvíos de recursos públicos se corrompen a dirigentes sindicales charros, para que desistan de luchar por los legítimos derechos de los trabajadores, a tal grado que el líder del Sindicato Petrolero, Carlos Antonio Romero Deschamps y su familia exhibe abiertamente su ostentosa forma de vida: el yate en Cancún, el reloj de 200 mil dólares, los viajes a Las Vegas, su hija en avión privado con sus mascotas cómodamente instaladas y los regalos de autos Ferrari a su hijo.

En conjunto, existen una cantidad enorme de irregularidades que son producidas e incentivadas para el beneficio de empresarios y altos funcionarios y que generan pérdidas millonarias para PEMEX y por ende para el pueblo trabajador.

Por esto es necesaria la existencia de mecanismos de castigo no sólo a los(as) funcionarios corruptos, sino que también a las empresas e individuos que se benefician de ello, que se conformara no sólo de una penalización pecuniaria sino que también de otra de corte penal.

9. Impulsar la formación de una coordinadora nacional/estatal en contra de las reformas estructurales y defensa de la soberanía popular.

Convocar a los sindicatos, organizaciones campesinas, sociales y políticas, a individuos e intelectuales progresistas a formar una coordinadora nacional/estatal en contra de las reformas estructurales.

La Coordinadora funcionará como una organización horizontal, democrática, popular e independiente al Estado. No se subordinará a ninguna organización. Impulsará campañas y acciones unitarias.

10. Instaurar un nuevo Estado que defienda los intereses del pueblo trabajador, asegure sus derechos y bienestar.

Por su naturaleza el capitalismo concentra la riqueza en un número reducido de personas, en tanto que la inmensa mayoría de los trabajadores cuenta con salarios bajísimos y cada vez se incrementa el número de personas desempleadas, subempleadas y que carecen de prestaciones. Actualmente el 0.13% de la población posee una fortuna que equivale a 43% de la riqueza total del país, 16 personas son considerados multimillonarias y son parte de la elite mundial de los oligarcas, en tanto, 53.3 millones de personas viven en pobreza, el 61.2% de la población carece de pensiones y prestaciones, 59% de las personas laboral en la economía informal y existen 8 millones de desempleados.

El Estado capitalista es un aparato que busca imponer los intereses de los empresarios, especialmente de los oligarcas, por encima del resto de las clases sociales. El gobierno, las leyes, el sistema de justicia, el ejército, la policía, los principales medios de comunicación masiva, tienden a imponer los intereses de los empresarios. Continuamente conocemos ejemplos donde el sistema de justicia castiga severamente a trabajadores, campesinos, mujeres, estudiantes o indígenas, a la par, no se castiga a los empresarios o influyentes cuando cometen delitos. Continuamente conocemos casos de abuso del ejército y la policía en contra del pueblo, pero no vemos que el ejército o la policía ejerzan su fuerza contra empresarios abusivos o corruptos o la cúpula del crimen organizado. Continuamente TELEVISA y TV AZTECA lanzan campañas de odio en contra de los maestros, trabajadores, estudiantes, campesinos o indígenas que luchan por sus legítimos derechos, en tanto que difunde campañas favorables al pensamiento empresarial.

El capitalismo, por su naturaleza es incapaz de brindar bienestar a los trabajadores asalariados, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, estudiantes e intelectuales progresistas, es por esto que se requiere instaurar un nuevo Estado para asegurar el bienestar pleno del pueblo trabajador, un Estado que defienda sus legítimos intereses, un gobierno verdaderamente democrático que asegure una representación auténtica de todos los sectores del pueblo trabajador, un sistema de justicia que castigue severamente a los que atenten contra el bienestar del pueblo trabajador, medios de comunicación masivos que difundan ampliamente el punto de vista del pueblo trabajador.

Es necesario luchar en contra de la privatización de la industria energética, pero no es suficiente. Se requiere instaurar un nuevo Estado democrático popular para asegurar el bienestar del pueblo trabajador.

¡La felicidad es un derecho del pueblo!

¡Por la unidad de los trabajadores, venceremos!

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)

[1] BPI 83º Informe Anual 2012/13. III Eliminar los obstáculos del crecimiento. http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2013_es.htm

[2] Calculado a partir del presupuesto y matrícula de la UNAM en 2013.

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